La paradoja de la Ley CLARITY

Actualmente, la Ley CLARITY que se está debatiendo en el Congreso de Estados Unidos se ha convertido en una legislación muy controvertida.

Escrito por: Prathik Desai

Traducción: Block unicornio

Históricamente, el dinero rara vez ha sido neutral; usualmente posee la capacidad de incrementar su valor. Incluso antes del surgimiento de la banca moderna, la gente esperaba obtener ganancias al poseer o prestar dinero.

Ya hacia el año 3000 a.C., en la antigua Mesopotamia se cobraban intereses sobre los préstamos en plata. Desde el siglo V a.C., la antigua Grecia utilizaba préstamos marítimos (nautikà) para financiar el comercio marítimo de alto riesgo. Bajo este sistema, el prestamista financiaba los bienes de un comerciante para un solo viaje; si el barco se hundía, asumía toda la pérdida, pero si el viaje era exitoso, se cobraban intereses elevados (usualmente del 22% al 30%). En Roma, el interés estaba tan arraigado en la vida económica que a menudo provocaba crisis de deuda, por lo que la condonación voluntaria de deudas se convirtió en una necesidad política.

En estos sistemas, la idea de que el dinero es solo un medio pasivo de almacenamiento de valor nunca fue la norma. Tener dinero sin recibir nada a cambio era una excepción. Incluso después del surgimiento de las finanzas modernas, la percepción sobre la esencia del dinero se reforzó aún más. Los depósitos bancarios generan intereses. Existe una creencia generalizada de que el dinero que no puede crecer con interés compuesto pierde valor económico gradualmente.

Es en este contexto que las stablecoins ingresaron al sistema financiero. Dejando de lado la tecnología blockchain, tienen poco en común con cualquier criptomoneda o activo especulativo. Pretenden ser dólares digitales, diseñados para un mundo potenciado por blockchain, difuminando fronteras geográficas y reduciendo costos. Las stablecoins prometen mayor velocidad de liquidación, menos fricción y disponibilidad las 24 horas. Sin embargo, la ley estadounidense prohíbe que los emisores de stablecoins paguen rendimientos (o intereses) a los tenedores.

Por eso, la Ley CLARITY que actualmente se discute en el Congreso de Estados Unidos se ha convertido en una legislación altamente polémica. Esta ley, interpretada junto a su ley hermana —la Ley GENIUS, aprobada en julio de 2025—, prohíbe que los emisores de stablecoins paguen intereses a los tenedores, pero permite “recompensas basadas en actividad”.

Esto ha provocado una fuerte protesta del sector bancario contra la forma actual del proyecto. Algunas enmiendas propuestas por el lobby bancario buscan eliminar por completo el mecanismo de recompensas para las stablecoins.

En el análisis en profundidad de hoy, les contaré qué impacto podría tener la versión actual de la Ley CLARITY sobre la industria cripto, y por qué el sector está claramente insatisfecho con esta propuesta legislativa.

Entremos en el tema principal…

Menos de 48 horas después de revisar el borrador del Comité Bancario del Senado, Coinbase retiró públicamente su apoyo. El CEO Brian Armstrong declaró en Twitter: “Preferimos no tener ley a tener una mala ley”. Según él, la propuesta, que supuestamente aporta claridad regulatoria, en realidad empeoraría la situación de toda la industria respecto al statu quo.

Solo unas horas después de que la mayor empresa cripto cotizada en EE.UU. retirara su apoyo, el Comité Bancario del Senado pospuso la revisión, y una reunión a puerta cerrada prevista para debatir enmiendas a la ley fue aplazada.

La principal objeción contra esta legislación es evidente. Busca tratar a las stablecoins únicamente como herramientas de pago, y no como un equivalente monetario en ningún sentido. Esto es crucial, y decepcionante, para quienes esperan que las stablecoins transformen los pagos.

La legislación degrada a las stablecoins a simples canales de fondos, en lugar de activos que pueden optimizar el capital. Como mencioné antes, así no funciona el dinero. La ley prohíbe que las stablecoins generen intereses subyacentes y también prohíbe las recompensas basadas en actividad, restringiendo así la optimización de rendimientos que supuestamente es su mayor fortaleza.

Esto también plantea preocupaciones sobre la competencia. Si los bancos pueden pagar intereses sobre los depósitos y ofrecer recompensas por el uso de tarjetas de débito/crédito, ¿por qué se prohíbe a los emisores de stablecoins hacer lo mismo? Esto inclina el terreno de juego a favor de las instituciones actuales y debilita varios beneficios prometidos por las stablecoins a largo plazo.

Las críticas de Brian no se limitan a los rendimientos y recompensas de las stablecoins, sino que también abordan cómo la ley perjudica más que beneficia a la industria. Además, señala los problemas relacionados con la prohibición a DeFi.

El DeFi Education Fund (una organización de defensa y política de DeFi) también instó a los senadores a oponerse a las enmiendas propuestas, por considerar que son “anti-DeFi”.

La organización publicó en X: “Aunque aún no hemos visto el texto de estas enmiendas, las descripciones sugieren que perjudicarían gravemente la tecnología DeFi y/o harían que la legislación sobre la estructura del mercado fuera aún más desfavorable para los desarrolladores de software”.

Aunque la Ley CLARITY reconoce formalmente la descentralización, lo hace con una definición muy limitada. Aquellos protocolos bajo “control común” o que retengan la capacidad de modificar reglas o restringir transacciones podrían enfrentarse a obligaciones de cumplimiento similares a las de los bancos.

La regulación busca introducir mecanismos de supervisión y rendición de cuentas. Sin embargo, la descentralización no es un estado fijo, sino un proceso dinámico que requiere una gobernanza y controles de emergencia en evolución para fortalecer la resiliencia, no para crear monopolios. Definiciones rígidas como estas generan incertidumbre adicional para desarrolladores y usuarios.

El segundo tema es la tokenización, donde existe una brecha enorme entre promesas y políticas. Las acciones y fondos tokenizados ofrecen mayor velocidad de liquidación, menor riesgo de contraparte y mecanismos de descubrimiento de precios más continuos. En última instancia, estos instrumentos permitirán mercados más eficientes al acortar los ciclos de liquidación y reducir los fondos inmovilizados en los procesos post-negociación.

Sin embargo, el borrador actual de la Ley CLARITY deja incierto el estatus regulatorio de los valores tokenizados. Aunque no los prohíbe explícitamente, introduce suficiente incertidumbre respecto a la custodia de acciones tokenizadas.

Si las stablecoins se encuadran solo como herramientas de pago y los activos tokenizados se restringen a la emisión, el camino hacia mercados de capital más eficientes se verá seriamente limitado.

Algunos sostienen que las stablecoins pueden seguir funcionando como herramientas de pago, y que los rendimientos pueden ofrecerse mediante fondos de mercado monetario tokenizados, bóvedas DeFi o bancos tradicionales. Esta visión no es técnicamente incorrecta. Pero los participantes del mercado siempre buscarán formas más eficientes de optimizar el capital. La innovación motiva la búsqueda de alternativas. Estas alternativas suelen implicar la transferencia de capital al extranjero. A veces, esa transferencia puede ser tan sutil que los reguladores podrían lamentar en el futuro no haber anticipado esa fuga de capital.

Sin embargo, el argumento principal contra esta legislación supera a todos los demás. Es difícil no pensar que, en su forma actual, la ley refuerza estructuralmente la posición de los bancos, debilita las perspectivas de innovación y crea obstáculos significativos para una industria que podría ayudar a optimizar los mercados actuales.

Aún peor, esta legislación podría tener dos costos extremadamente altos. Primero, elimina cualquier esperanza de competencia saludable entre la banca y el sector cripto, mientras permite que los bancos obtengan más ganancias. Segundo, deja a los clientes completamente a merced de esos bancos, sin poder maximizar sus rendimientos en un mercado regulado.

Estos son costos muy altos, y la razón fundamental por la que los críticos se niegan a apoyar la ley.

Lo preocupante es que, aunque la ley parece estar diseñada para proteger a los consumidores, brindar certeza regulatoria e incluir a las criptomonedas en el sistema regulatorio, sus disposiciones insinúan lo contrario de manera sutil.

Estas disposiciones predeterminan qué partes del sistema financiero pueden participar en la competencia por el valor. Los bancos pueden seguir operando bajo un marco familiar, mientras que los emisores de stablecoins se ven obligados a sobrevivir y operar en un entorno económico mucho más restringido.

Pero el capital no espera pasivamente; fluye hacia donde hay mayor eficiencia. La historia demuestra que, cada vez que se restringe el capital en un canal, encuentra otro camino. Irónicamente, esto es exactamente lo que la regulación intenta evitar.

Para la industria cripto, la buena noticia es que la división sobre la ley se extiende más allá de este sector.

El proyecto de ley aún no ha conseguido suficiente apoyo en el Congreso. Algunos legisladores demócratas se resisten a votar a favor antes de discutir y examinar algunas enmiendas propuestas. Sin su apoyo, incluso si la industria cripto es ignorada, la ley no puede ser aprobada. Incluso si los 53 republicanos votan a favor, se necesita el apoyo de al menos 7 senadores demócratas para lograr la mayoría absoluta y superar el filibusterismo.

No espero que Estados Unidos promulgue una ley que deje a todos conformes. Ni siquiera creo que sea posible ni deseable. El problema es que Estados Unidos no solo está regulando una nueva clase de activos, sino que intenta legislar sobre una forma de dinero cuyas características inherentes la hacen altamente competitiva. Esto complica las cosas porque obliga a los legisladores a enfrentar la competencia y a definir reglas que podrían desafiar a las instituciones existentes (en este caso, los bancos).

Es comprensible la tendencia a restringir definiciones, limitar conductas permitidas y proteger las estructuras existentes. Sin embargo, esto puede convertir la regulación en una herramienta defensiva, alejando el capital en vez de atraerlo.

Por eso, es importante que la oposición a la Ley CLARITY no se interprete como oposición a la regulación. Si el objetivo es integrar las criptomonedas en el sistema financiero y no simplemente aislarlas, Estados Unidos debe establecer reglas que permitan que el nuevo dinero compita, fracase y evolucione dentro de un marco regulatorio claro. Eso forzará a las instituciones tradicionales a mejorar.

En definitiva, una ley que perjudique a los grupos que dice proteger es peor que no tener ninguna legislación.